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Ganadores y perdedores tras la decisión de la Corte Suprema sobre el impuesto al carbono

La decisión de la Corte Suprema que defiende el precio del carbono de Ottawa ha sido considerada como una victoria para los activistas climáticos que buscan incentivos fiscales más duros para frenar la contaminación. Pero también ha sido considerada como una pérdida por algunas provincias que insisten en que las pautas federales no son más que una intromisión.

 

El tribunal superior de Canadá anuló la objeción presentada por Alberta, Saskatchewan y Ontario y afirmó en su fallo que el cambio climático es una amenaza para Canadá.

 

Y mientras deciden en Canadá si es buena o no la decisión, Jonathan Wilkinson, ministro de Medio Ambiente del gobierno canadiense, planteó en una conferencia de prensa con medios mexicanos hace unos días que México, Estados Unidos y otros países, entre los que están China y la India, deben ser presionados para que reduzcan sus emisiones contaminantes.

 

Wilkinson señaló que Canadá está trabajando junto con Estados Unidos en planes ambientales conjuntos que podrían incluir señalar y penalizar a países con leyes climáticas más débiles.

El líder canadiense adelantó que los planes de su nación para profundizar la cooperación climática con Estados Unidos incluirán políticas complementarias que tengan en cuenta “los perfiles de emisiones de los competidores industriales de todo el mundo”.

 

La votación

El Tribunal Superior, en su decisión de 6-3, dictaminó que el sistema de precios del carbono del gobierno federal es constitucional. Bajo la Ley de Precios de Contaminación de Gases de Efecto Invernadero, ahora aprobada constitucionalmente, el gobierno federal puede determinar qué provincias no tienen un esquema propio de precios de emisiones adecuado e imponer un impuesto. Los ciudadanos reciben reembolsos bajo el Incentivo de Acción Climática para cubrir cualquier aumento de costos en la gasolinera o en las facturas de energía.

 

En el texto declarando el fallo, Richard Wagner, presidente de la Corte Suprema, destacó que el gobierno federal puede imponer normas mínimas de precios debido a que la amenaza del cambio climático es tan grande que exige un enfoque nacional coordinado.

 

El juez estuvo de acuerdo con los abogados del gobierno de Canadá quienes argumentaron que el cambio climático es un asunto urgente de interés nacional y dijo que es constitucionalmente legítimo que Ottawa tome la iniciativa ante una amenaza que cruza las fronteras provinciales.

‘Precio a la contaminación’

Para cumplir con sus compromisos firmados en el Acuerdo de París, firmado en diciembre de 2015, cuyo objetivo es evitar sobrepasar los 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados centígrados, el gobierno de Canadá aprobó una legislación en 2018 que exige a todas las provincias que impongan algún tipo de precio a la contaminación, ya sea a través de un impuesto al carbono o un régimen de tope y comercio.

Como parte de esa legislación, Ottawa estableció normas nacionales de precios al carbono con el objetivo de frenar el uso de combustibles fósiles. El impuesto, que este año asciende a 40 dólares por tonelada, aumentará drásticamente en la próxima década, ya que Canadá busca llevar adelante una ambiciosa transición económica de los combustibles fósiles a las fuentes renovables de energía.

Por Silvia Méndez

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