En un informe conjunto, organizaciones de derechos humanos denunciaron abusos en los centros de detención y cárceles canadienses, así como discriminación hacia las personas con retos mentales. Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional aseguran que las condiciones a las que se enfrentan muchas personas migrantes, que tras huir de su país y solicitar protección en Canadá, “son regularmente esposadas y mantenidas con poco o ningún contacto con el mundo exterior”.
Ketty Nivyabandi, secretaria general de Amnistía Internacional Canadá, afirma que ambas organizaciones instaron a las autoridades canadienses a revisar el sistema a fondo. “Los procedimientos en la detención de migrantes de Canadá plantea un drástico contraste con la rica diversidad y los valores de igualdad y justicia canadienses”, agrega Nivyabandi.
El informe titulado ‘No me sentía un ser humano allí: Detención migratoria en Canadá y su impacto en la salud mental’ expone a través de 90 entrevistas con detenidos, familiares, expertos en salud mental, académicos, abogados y especialistas en migración “los abusos y la incertidumbre de los migrantes de no saber cuándo obtendrán la libertad”.
Entre abril de 2019 y marzo de 2020, más de 8 mil 800 personas de entre 15 y 83 años fueron recluidas en cárceles provinciales y 136 niños (73 de ellos menores de 6 años) entraron también en centros de detención para poder seguir junto a sus familias. Además, el informe asegura que de 2016 a la fecha, más de 300 personas han permanecido más de un año recluidas por motivos migratorios.
“Canadá se precia de recibir a refugiados y personas llegadas de distintas latitudes con los brazos abiertos; sin embargo, aquellas personas que buscan seguridad corren el riesgo de quedar detenidas por tiempo indefinido”, agrega Nivyabandi.
Las ONG también apuntan a un posible racismo implícito, pues el informe muestra que las personas negras quedan privadas de su libertad durante períodos más largos.
Discriminación a personas con retos mentales
La situación es más grave para aquellas personas con discapacidad mental, que experimentan discriminación durante todo el proceso. “En primer lugar, es más probable que acaben en cárceles que en centros de detención para migrantes”, afirma Samer Muscati, subdirector de Derechos de personas con discapacidad, de Human Rights Watch.
Las personas con discapacidad mental suelen ser recluidas en régimen de aislamiento y, puede no permitírseles tomar decisiones autónomas sobre su situación jurídica; es decir, son representantes del Estado quienes toman las decisiones por ellos.
Así, las organizaciones concluyen que se produce discriminación por motivos de salud mental y piden que no se someta a las personas con discapacidad psicosocial a condiciones punitivas.
HRW y Amnistía Internacional proponen que el gobierno proporcione “servicios psicosociales, legales y otras modalidades de asistencia que respeten su autonomía y dignidad”.
Nivyabandi espera que la pandemia sirva como punto de inflexión, pues en el último año se ha liberado a “un número sin precedentes de migrantes”, y confía en que en lugar de regresar a “antiguas prácticas”, el gobierno de Justin Trudeau apueste por “reformar su sistema de protección a inmigrantes y refugiados, con el objeto de priorizar la salud mental y los derechos humanos”.
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