Primero fueron quince. Ahora, son más de 220 los profesores universitarios canadienses que piden al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que tome un papel más activo frente a la crisis colombiana.
El 5 de mayo de 2021, quince profesores que imparten diferentes cátedras en universidades e instituciones de estudios superiores en Canadá, escribieron al canciller Marc Garneau con respecto a la crisis en Colombia. Ahora, 228 académicos de todo el país piden en una segunda misiva no sólo a Garneau sino a diferentes ministros, miembros de la Oposición y a Trudeau que Ottawa “demuestre su liderazgo internacional en favor de los derechos humanos en Colombia”.
“Canadá debe tomar acciones concretas para instar al gobierno colombiano a resolver la crisis actual a través del diálogo”, piden los académicos y agregan que “desde el inicio del paro nacional del 28 de abril, Colombia está sumida en una profunda crisis de violencia y represión estatal. Las fuerzas de seguridad colombianas han cometido graves violaciones de los derechos humanos contra los y las protestantes”.
Los catedráticos consideran que Canadá debe instar al gobierno colombiano a respetar los derechos humanos; permitir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realice una visita transparente al país en junio con acceso directo a las víctimas y sus organizaciones; comprometerse a implementar las recomendaciones de la Comisión y resolver la crisis actual a través del diálogo”.
Además, piden que el gobierno canadiense revise cualquier cooperación actual o proyectada con la policía o el ejército colombiano y se comprometa a no permitir la venta de armas o vehículos blindados ligeros de empresas canadienses.
Un complicado escenario
Foto publicada por la CIDH en su informe acerca de la crisis en Colombia
Hasta ahora, decenas de manifestantes han sido asesinados y se reporta el homicidio de tres miembros de las fuerzas de seguridad. El paro comenzó hace cinco semanas contra el anuncio del gobierno de aumentar los impuestos para productos básicos como el café, el chocolate y el azúcar. Desde entonces, se realizan diariamente enormes concentraciones pacíficas en numerosas ciudades y pueblos, acompañadas de bloqueos de carreteras en todo el país.
Entre las razones que enlistan para explicar los paros y manifestaciones, se encuentran: “La frustración de la población frente al manejo de la pandemia por parte del gobierno, la tentativa de desmantelamiento del sistema de salud pública, la pobreza que afecta al 42,5% de la población, el incumplimiento del acuerdo de paz de 2016 con la guerrilla de las FARC y los incesantes asesinatos de líderes sociales”.
Un freno a la violencia
De acuerdo con Leila Celis, profesora del Departamento de Sociología, de la Université du Québec; Christopher Campbell-Duruflé, candidato a Doctor en la Facultad de Derecho, de la Universidad de Toronto; Luis van Isschot, profesor de Historia, en Universidad de Toronto y Daniel Tubb, profesor del Departamento de Antropología, de la Universidad de New Brunswick, “la respuesta del gobierno de Iván Duque ha sido una escalada represiva que ha empeorado la situación”.
En un duro informe presentado esta semana, la organización Human Rights Watch reclamó al gobierno de Duque “medidas urgentes” para proteger los derechos humanos. Hasta el 8 de junio, denunciaban mil 649 detenciones arbitrarias de manifestantes por parte de la policía, mil 248 agresiones, 45 homicidios y 25 casos de violencia sexual, todos ellos atribuibles a las fuerzas de seguridad.
Tanto el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también han expresado su extrema preocupación en cuanto a la legalidad, necesidad y proporcionalidad de la respuesta del gobierno colombiano.
“Como académicos radicados en Canadá, nos preocupa esta situación. Como lo escribimos en nuestra primera carta al ministro Garneau el 5 de mayo, “creemos que Canadá tiene la responsabilidad de tomar medidas concretas para poner fin a la violencia de las fuerzas de seguridad colombianas”.
Teniendo en cuenta las relaciones especialmente estrechas que existen entre Canadá y Colombia, los signatarios piden en su segunda carta, que “el gobierno canadiense adopte una postura más firme en favor de los derechos humanos”.
